Sentencia
Por: Alfredo Molano Bravo
EL 11 DE NOVIEMBRE DE 1988 ERA UN viernes y el pueblo de Segovia, Antioquia, se preparaba para un largo fin de semana. A las 6 de la tarde los niños jugaban en el parque, las mujeres comadreaban en las heladerías, los hombres —campesinos y mineros— comenzaban a tomarse sus aguardientes; en el bar Johnny Key ya no cabía un alma. A las 7 de la noche entraron al pueblo tres camperos disparando a diestra y siniestra sus ametralladoras y lanzando granadas en bares y cantinas.
La Policía se acuarteló y no hizo frente a los asesinos “por miedo a herir a la población civil”; el Ejército no se dio por enterado de la masacre, que dejó 40 muertos y medio centenar de heridos. A las 8 de la noche se desató un aguacero que volvió la Calle de la Reina un río de sangre.
La masacre tuvo un objetivo: castigar al pueblo —un tradicional botín electoral del liberalismo— por haber votado por la Unión Patriótica. Toda la región —Amalfi, Remedios, El Bagre— es tierra de gran riqueza aurífera. La Frontino Gold Mines llegó a Segovia en 1852. Un siglo y medio de explotación continua de las minas y de contaminación de sus aguas. Según cálculos de la Unidad de Política Minero Energética (Upme) del Ministerio de Minas y Energía, en ese lapso se han sacado de toda la zona 4,5 millones de onzas de oro. La quebrada del pueblo se llama La Cianurada y por ella corren aguas con contenidos de cianuro que superan hasta en 1.000 veces la cantidad establecida por ley.
La miseria de Segovia era proverbial, no obstante tener la mina de oro más rica y rentable de Antioquia. El sindicato de la compañía era muy activo. Tres hechos que explican el poder político que la Unión Patriótica había adquirido en todo el nordeste antioqueño. La guerrilla, a su vez, tenía hondas raíces en la zona. La gran minería y el liberalismo se sentían amenazados. Los Castaño Gil, naturales de Amalfi, crearon Muerte a Revolucionarios del Nordeste. Los generales Yanine y Colorado eran asiduos visitantes de la zona; en Puerto Boyacá, Yair Klein entrenaba a sus hombres, dos de los cuales —el Negro Vladimir y Henry Pérez— acusaron en 1996 ante un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos al senador liberal César Pérez García, conocido como el ‘Bacalao’, de ser el autor intelectual de la masacre. El expresidente del Congreso se salió con la suya por medio de una tutela, pero en mayo del año pasado la Honorable Corte Suprema de Justicia revivió el caso de lesa humanidad y metió a la cárcel al ‘Bacalao’.
Hace pocos días se conoció la providencia sobre el caso. Un pronunciamiento trascendental que por primera vez señala a las cúpulas militares de responsabilidad en la conformación del paramilitarismo y que está destinado a servir de pieza maestra de un proceso histórico que el establecimiento y el gremio militar siempre han evadido. La Corte señala dos funciones de esa colaboración: Turbay “incubó” el paramilitarismo como, digamos, el brazo armado del Estatuto de Seguridad, para hacer lo que las FF.AA. no podían seguir haciendo, dada la importancia que los DD.HH. habían adquirido a raíz de los crímenes cometidos en el Cantón Norte. En el gobierno de Belisario, la cúpula fomentó el paramilitarismo como una estrategia para seguir operando, dado el “acuartelamiento” decretado por el presidente, comandante supremo de las FF.AA., para cumplir el cese al fuego firmado con la guerrilla e iniciar su transformación en fuerza política civil. De manera indirecta, el pronunciamiento aclara quiénes eran los “enemigos agazapados de la paz”, de los que habla Otto Morales, y el verdadero sentido de la actuación de las FF.AA. en el holocausto del Palacio de Justicia. Así como los vínculos de políticos destacados con las Autodefensas abrieron el caso de la parapolítica, la providencia de la Corte promete abrir el capítulo del vínculo de altos mandos de las FF.AA. con paramilitares. De la misma forma como no todos los congresistas han terminado enjuiciados, tampoco serán todos los altos oficiales llamados a responder. Pero, sin duda, tarde o temprano los militares asociados al paramilitarismo también caerán.
La masacre tuvo un objetivo: castigar al pueblo —un tradicional botín electoral del liberalismo— por haber votado por la Unión Patriótica. Toda la región —Amalfi, Remedios, El Bagre— es tierra de gran riqueza aurífera. La Frontino Gold Mines llegó a Segovia en 1852. Un siglo y medio de explotación continua de las minas y de contaminación de sus aguas. Según cálculos de la Unidad de Política Minero Energética (Upme) del Ministerio de Minas y Energía, en ese lapso se han sacado de toda la zona 4,5 millones de onzas de oro. La quebrada del pueblo se llama La Cianurada y por ella corren aguas con contenidos de cianuro que superan hasta en 1.000 veces la cantidad establecida por ley.
La miseria de Segovia era proverbial, no obstante tener la mina de oro más rica y rentable de Antioquia. El sindicato de la compañía era muy activo. Tres hechos que explican el poder político que la Unión Patriótica había adquirido en todo el nordeste antioqueño. La guerrilla, a su vez, tenía hondas raíces en la zona. La gran minería y el liberalismo se sentían amenazados. Los Castaño Gil, naturales de Amalfi, crearon Muerte a Revolucionarios del Nordeste. Los generales Yanine y Colorado eran asiduos visitantes de la zona; en Puerto Boyacá, Yair Klein entrenaba a sus hombres, dos de los cuales —el Negro Vladimir y Henry Pérez— acusaron en 1996 ante un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos al senador liberal César Pérez García, conocido como el ‘Bacalao’, de ser el autor intelectual de la masacre. El expresidente del Congreso se salió con la suya por medio de una tutela, pero en mayo del año pasado la Honorable Corte Suprema de Justicia revivió el caso de lesa humanidad y metió a la cárcel al ‘Bacalao’.
Hace pocos días se conoció la providencia sobre el caso. Un pronunciamiento trascendental que por primera vez señala a las cúpulas militares de responsabilidad en la conformación del paramilitarismo y que está destinado a servir de pieza maestra de un proceso histórico que el establecimiento y el gremio militar siempre han evadido. La Corte señala dos funciones de esa colaboración: Turbay “incubó” el paramilitarismo como, digamos, el brazo armado del Estatuto de Seguridad, para hacer lo que las FF.AA. no podían seguir haciendo, dada la importancia que los DD.HH. habían adquirido a raíz de los crímenes cometidos en el Cantón Norte. En el gobierno de Belisario, la cúpula fomentó el paramilitarismo como una estrategia para seguir operando, dado el “acuartelamiento” decretado por el presidente, comandante supremo de las FF.AA., para cumplir el cese al fuego firmado con la guerrilla e iniciar su transformación en fuerza política civil. De manera indirecta, el pronunciamiento aclara quiénes eran los “enemigos agazapados de la paz”, de los que habla Otto Morales, y el verdadero sentido de la actuación de las FF.AA. en el holocausto del Palacio de Justicia. Así como los vínculos de políticos destacados con las Autodefensas abrieron el caso de la parapolítica, la providencia de la Corte promete abrir el capítulo del vínculo de altos mandos de las FF.AA. con paramilitares. De la misma forma como no todos los congresistas han terminado enjuiciados, tampoco serán todos los altos oficiales llamados a responder. Pero, sin duda, tarde o temprano los militares asociados al paramilitarismo también caerán.
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